El Instituto Max Planck de Derecho Comparado cumple cien años y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC), cincuenta. Un punto habitual de encuentro para los constitucionalistas iberoamericanos ha sido el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México, sede del IIDC. Las tres instituciones profesan una clara afinidad académica y humana.

Entre los protagonistas de esa relación, por parte del IIJ, merecen una referencia especial Héctor Fix-Zamudio, Jorge Carpizo y Héctor Fix-Fierro, que dejaron una huella profunda en el quehacer institucional y en la memoria de quienes tuvimos el privilegio de compartir afanes y afectos con ellos; por el Max Planck las figuras propiciatorias de esa fecunda relación son Armin von Bogdandy y Mariela Morales, que han tendido un puente entre las ciencias jurídicas de América Latina y Europa. En cuanto al IIDC, que hoy cuenta con veintisiete secciones nacionales, recibió su impulso inicial gracias al entusiasmo de sus fundadores, Alberto Meneses Direito (Brasil), Carlos Restrepo Piedrahita (Colombia), Domingo García Belaunde (Perú), Enrique Véscovi (Uruguay), Germán J. Bidart Campos (Argentina), Jorge Mario García Laguardia (Guatemala), Jorge R. Vanossi (Argentina), Luis Carlos Sáchica (Colombia), Luis Pinto Ferreira (Brasil), Manuel Barquín (México), Manuel García Pelayo (España – Venezuela), Mario Justo López (Argentina), Pedro José Frías (Argentina), Rolando Tamayo (México), además de los mencionados profesores Fix-Zamudio y Carpizo, y yo mismo.

La cercana colaboración entre las tres instituciones ha generado un extenso espacio para experiencias profesionales y personales compartidas que nos permiten avanzar por senderos innovadores. Hemos construido una sólida fraternidad multinacional en torno a la comunión de preocupaciones y convicciones: los derechos fundamentales y las instituciones democráticas como esencia del Estado constitucional. Con esto, contribuimos al estudio comparado del derecho y de las culturas constitucionales y al diseño de instituciones públicas nacionales. Una de las indagaciones más prolíficas es la iniciada y alentada por el profesor Von Bogdandy en torno al ius constitutionale commune, que permite identificar la interacción entre el derecho nacional y el internacional, con un énfasis especial en los derechos fundamentales.

A las conmemoraciones y celebraciones que mencioné al inicio, añado que en 2024 los mexicanos festejaremos doscientos años de la primera Constitución del México independiente que, a pesar de su orientación confesional, limitativa de las libertades, introdujo dos sistemas relevantes, el federal y el presidencial. En los dos siglos transcurridos hemos experimentado cambios en cuanto al Estado laico, pero acumulamos rezagos en cuanto a la igualdad de derechos por un mal diseño federal y presentamos un considerable atraso en lo que atañe al sistema presidencial. En la búsqueda de trazos generales connotativos del derecho constitucional común, como parte de la reflexión convocada por el colega alemán, presento a continuación algunas consideraciones acerca del poder político, desde la perspectiva de la teoría constitucional.

En el constitucionalismo es esencial preservar los mayores espacios posibles para las libertades, como base de la igualdad, la seguridad jurídica, la verdad y la justicia. El constitucionalismo contemporáneo cuenta con los instrumentos para mantener al poder político en los cauces de lo razonable. Para conseguirlo, en la organización y ejercicio del poder se deben aplicar las siguientes prevenciones: legitimarlo, distribuirlo, equilibrarlo, supervisarlo, limitarlo y controlarlo.

Legitimidad: Las formas de legitimación democrática están bien identificadas; sin embargo, no siempre son diseñadas con el cuidado necesario. El sistema electoral debe ser construido midiendo todos los efectos de su contenido. Por ejemplo, a veces se considera que la fuente de legitimidad está en la mayoría absoluta de los electores. La experiencia demuestra que es un error, pues a trueque de conseguirla se pulveriza a los partidos y se fuerza a los electores a votar por opciones secundarias, con las que no se identifica y a las que sólo acude para sortear un episodio electoral coyuntural. Esto desnaturaliza a los partidos, en detrimento de la confianza ciudadana.

Distribución: La separación de poderes es un elemento medular en el proceso evolutivo del constitucionalismo. Si bien su implantación fue influenciada por Montesquieu, conviene tener en cuenta que las bondades de distribuir el poder fueron valoradas desde la antigüedad. En el libro VI de Política, Aristóteles hizo un extenso análisis de las funciones del poder público y de las razones por las cuales conviene mantenerlas separadas, haciéndolas parte de magistraturas diferentes. De esta manera, dijo, nadie sería depositario de la totalidad del poder ni podría hacer por sí solo todos los bienes ni causar todos los males. Su perspectiva se apoyaba en el estudio de las instituciones de su época, por lo que el número de magistraturas mencionadas era muy elevado. Sería excesivo forzar la lectura de Política, como lo hizo en su poco fiel traducción Patricio de Azcárate en 1873, atribuyendo al filósofo griego conceptos que no escribió; pero aun así la idea de un poder público repartido está presente en ese tratado.

En cuanto a una formulación orgánica y funcional, la anticipó Pomponio desde el siglo II. El jurista se caracterizó por una obra prolífica y por un estilo elegante y erudito cuya influencia se extendió por siglos. El Digesto reproduce diversos fragmentos de su obra De origine iuris, relacionados con la formación de la república romana. A la caída de la monarquía, en forma sucesiva fueron establecidas diversas instituciones para asegurar el orden y la libertad.Pomponio indicaba que, una vez puesta en vigor la ley de las Doce Tablas, surgieron las normas conocidas como plebiscita, formuladas por “la plebe”. Luego, para compensar un proceso desestructurado del ejercicio del poder por parte de las bases populares, se decidió investir al Senado de facultades normativas, de las que surgió el derecho denominado senatusconsultum, “o constituciones del Senado”. Esta atribución se diferenció de la llevada a cabo por los magistrados que “sentenciaban causas”, y “últimamente, así como la facultad de constituir leyes se había otorgado a menos sujetos […] fue necesario que uno solo mirase por la República, porque no podía el Senado gobernar igualmente bien todas las provincias. Por este motivo fue elegido un príncipe; se le dio la facultad de que todo cuanto determinase se tuviese por firme y válido.”[2] Aparece aquí una justificación del poder concentrado por el emperador

Más adelante resumió así la distribución de las funciones del Estado entre legisladores, jueces y gobernantes: “[…] en nuestra ciudad se determina todo o por derecho, esto es por ley […] o por acciones legítimas que contienen la forma de litigar […] [o por] determinación del príncipe […].[3] El propio Pomponio se preguntaba: “¿de qué sirven las leyes en una ciudad si faltan sujetos que gobiernen conforme a ellas”.[4] La respuesta estaba en la presencia del príncipe que, no obstante su predominio, no invalidaba la acción de otras magistraturas. La tensión entre distribuir y concentrar el poder es una constante histórica, y la distribución se ha convertido en una de las claves del constitucionalismo moderno y contemporáneo.

Equilibrio: La concentración del poder es una propensión atávica. Las pulsiones hegemonistas están presentes, siempre, en toda organización. El constitucionalismo es el mayor esfuerzo político que se haya hecho nunca para organizar y hacer funcionar al poder conforme a pautas previsibles, reguladas y razonables. Conforme a ese propósito, los sistemas políticos y la experiencia muestran que la sola distribución de facultades no es suficiente. Las asimetrías, deliberadas o imprevistas, perturban la actividad institucional, por lo que es indispensable adoptar equilibrios entre los órganos y las funciones que les son asignadas, de manera que no se evite al máximo posible que haya predominios o bloqueos en el interior de las estructuras del Estado que mermen la eficacia del aparato del poder en perjuicio de la gobernabilidad.

La teoría clásica ofrece numerosas respuestas para intentar esos equilibrios, pero subsisten viejas incógnitas y surgen nuevas dificultades acerca de las cuales se hace necesario actualizar los constructos. El contractualismo ha avanzado por nuevas sendas pero la influencia pública de las ideas tiende a decrecer ante la inmediatez de las respuestas públicas. El equilibrio entre los órganos del poder se ve limitado por el contraste que presentan los órganos jurisdiccionales, que se han convertido en el principal espacio público de conocimiento, análisis y reflexión, ante los órganos políticos de gobierno y representación, dominados por la improvisación, la emotividad y los intereses coyunturales.

La calidad de los gobernantes pasa por una etapa decadente, con lo que se abren oportunidades para el arribo de la demagogia que invalida las previsiones normativas de equilibrio institucional. Este es un problema que trasciende al diseño de las instituciones pues se inscribe en un proceso anómico. Lo normal es que la circunstancia sea pasajera y se inscriba como una etapa normal entre las vicisitudes del Estado constitucional. Así parezca que los equilibrios son difíciles de alcanzar, el sentido progresivo de las instituciones lleva hacia allá.

Supervisión: El poder tiene por definición un componente jerárquico, de ahí que para distribuirlo y ejercerlo se tenga que contar con niveles superpuestos dentro de los mismos órganos y con estructuras laterales propias de otros órganos. La idea de supervisar al poder es sencilla de enunciar, pero no todas las actuaciones del poder son fáciles de identificar e individualizar. Así parezca un oxímoron, lo que se vuelve público del poder púbico es apenas un segmento de un quehacer cuya mayor parte se lleva a cabo en una zona umbrosa. Trasciende lo que interesa al poderoso o lo que no consigue evitar que aflore.

Por lo mismo, la supervisión del poder requiere mecanismos que permitan acceder al menos a una parte de sus secretos. Las fuentes documentales son las más relevantes; también cuentan las testimoniales. Cada sistema tiene sus formas de tomar decisiones y de dejar constancia del proceso decisorio; varía asimismo el rigor para elaborar y resguardar la documentación correspondiente. Por estas razones, además del acceso a la información pública del que toda persona dispone en las sociedades abiertas, es indispensable adoptar al menos un par de medidas: atribuir facultades de investigación a las minorías parlamentarias de manera que dispongan del instrumental adecuado para indagar todo lo que resulte de relevancia institucional, y además instituir el derecho a la verdad por virtud del cual los titulares de los órganos del poder deban documentar sus decisiones. Esto sucede con los juzgadores, a través de sus resoluciones, y con los parlamentarios con motivo de sus debates, pero donde los gobiernos no cuentan con administraciones profesionales desvinculadas de la lucha política, y donde los altos cargos no son responsables ante los parlamentos, las razones del gobierno suelen tramitarse como secretos palaciegos.

En un Estado constitucional es posible conocer el por qué y el cómo de las decisiones del poder; las que se traducen en actos, las que se convierten en omisiones, o las que se quedan como proyectos. Todo es significativo para valorar el desempeño del poder. El hecho de saberse sujeto al escrutinio hace que los agentes del poder midan el impacto de sus decisiones y prevean que, la temporalidad de la función encomendada dificulta la perduración de sus secretos y la intangibilidad de sus acciones. La reserva de información se determina en función de los intereses colectivos, calificados por el Estado, y no de los intereses individuales de las personas que transitan por los órganos del poder.

Limitación: Además de evitar la concentración del poder y su ejercicio críptico, el Estado constitucional implica otras salvaguardias para su forma democrática. La limitación del poder político se produce por diversas vías entre las que sobresalen una temporalidad razonable en la titularidad de los órganos políticos y la menor discrecionalidad posible en cuanto a las decisiones.

El límite temporal está relacionado con los periodos electorales, de manera que incluso donde la reelección esté permitida, la ciudadanía disponga de la posibilidad de no refrendar el mandato. La lógica de los nombramientos vitalicios o por plazos largos que caracterizan a los integrantes de las cortes de justicia se explica porque en su caso la temporalidad como salvaguardia opera en el sentido de garantizar su independencia, en tanto que los gobernantes y representantes deben someterse a evaluaciones periódicas por parte de los gobernados y representados. Los periodos de gobierno extensos o la reelección de los gobernantes carecen de justificación democrática en la medida misma en la que los límites se imponen a los electores.

En algunos sistemas se ha manejado la idea de la reelección o de la duración amplia en los cargos como una especie de derechos de los mandatarios. Es una construcción teórica inadecuada pues recoge de manera inercial las tesis procedentes del monarquismo sin advertir que la contraparte de esos hipotéticos derechos son los deberes de los ciudadanos. Como resulta evidente, esto no coincide con la argumentación democrática basada en la soberanía popular.

Control: Las modalidades de control son muchas. Desde la perspectiva de quienes ejercen el control en un Estado constitucional, lo hay administrativo, jurisdiccional, político y social; por lo que respecta al ámbito donde se llevan a cabo, hay controles intraorgánicos e interorgánicos; en lo que atañe a la interacción entre los órdenes del poder, los controles pueden ser verticales, si los agentes se encuentran en planos jurídicos diferenciados u horizontales si se relacionan de manera lateral.

La teoría del control está muy desarrollada toda vez que uno de los enunciados básicos del constitucionalismo moderno consistió en que el poder debía controla al poder. Esta es, por lo demás, una regularidad en el ejercicio del poder en tanto que no es posible la existencia de un poder absoluto porque se liquidaría a sí mismo. Las instancias y procedimientos de control son una aportación del constitucionalismo, pero como fenómeno propio del poder siempre han existida resistencias o condiciones que en cierta forman funcionaban como un sistema de poderes y contrapoderes. Incluso en sus versiones más arcaicas la hegemonía de los jefes tribales ha debido corresponder al menos a algún tipo de rito y contar con la asistencia de algún subordinado, a su vez detentador de una cuota mínima de poder.

Para el constitucionalismo lo relevante está en que los controles sean diseñados conforme a una arquitectura que los haga funcionales en el sentido de evitar excesos sin inhibir la acción del controlado. Lo que se persigue es que el poder público alcance los mejores resultados posibles y evite sus peores defectos, entre ellos los de arbitrariedad, discrecionalidad y corrupción.

Esos seis factores: legitimidad, distribución, equilibrio, supervisión, limitación y control, son el mínimo que un ordenamiento bien construido debe incluir para que el poder político funcione de la manera más razonable posible. Tales factores sólo son posibles donde el sistema de derechos fundamentales incluye el acceso al poder mediante sufragio universal, secreto, libre, directo e informado. Además, según el enfoque desde el cual se contemple el diseño constitucional, se incluirán otros elementos. Por ejemplo, si el diseño se hace con la perspectiva de la razón pública, se tendrán presentes los valores aceptados y practicados por la ciudadanía.[5] En síntesis, los contenidos específicos de los factores mencionados deben ser afines con los objetivos procurados. Por esta razón, cada diseño es diferente. Puede ocurrir, y esto es frecuente, que los actores que participan en el diseño normativo no tengan claros los objetivos y sólo actúen de manera mecánica o por impulsos coyunturales. Además, cuando el ordenamiento es reformado de manera asistemática suelen combinarse elementos institucionales correspondientes a finalidades diferentes o incluso contrapuestas, lo que hace disfuncional al ordenamiento y entorpece el desempeño razonable de los órganos del poder.

Por todo lo anterior resulta útil adentrarse en el ius constitutionale commune, como parte de un ejercicio académico compartido, pues entre otras cosas permite identificar las constantes de las que se obtienen buenos resultados institucionales y advertir las complicaciones que surgen por adoptar criterios constructivos excluyentes entre sí. La coherencia conceptual debe acompañar a todo buen diseño institucional.

***

[1] Foto: MPIL.

[2] Digesto, I,2,11.

[3] Digesto, I,2,12.

[4] Digesto, I,2,13.

[5] Véase: John Rawls, The Law of Peoples, with the “Idea of Public Reason Revisited”, Harvard University Press: Cambridge 2001, pp. 131 y ss.

The Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law (MPIL) celebrates its centenary while the Ibero-American Institute of Constitutional Law (IIDC) marks its fiftieth anniversary. A common meeting point for Ibero-American constitutionalists has been the Legal Research Institute (IIJ) of the Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), home to the IIDC. These three institutions are academically and personally interconnected.

Among the key figures of this relationship, on behalf of the IIJ, special mention must be made of Héctor Fix-Zamudio, Jorge Carpizo, and Héctor Fix-Fierro, who left a profound impact on institutional work and on the memories of those of us who had the privilege of sharing efforts and camaraderie with them. From theMPIL, the figures who have fostered this fruitful relationship are Armin von Bogdandy and Mariela Morales, who have built a bridge between Latin American and European legal scholarship. Regarding the IIDC, which today comprises twenty-seven national chapters, its initial momentum came from the enthusiasm of its founders: Alberto Meneses Direito (Brazil), Carlos Restrepo Piedrahita (Colombia), Domingo García Belaunde (Peru), Enrique Véscovi (Uruguay), Germán J. Bidart Campos (Argentina), Jorge Mario García Laguardia (Guatemala), Jorge R. Vanossi (Argentina), Luis Carlos Sáchica (Colombia), Luis Pinto Ferreira (Brazil), Manuel Barquín (Mexico), Manuel García Pelayo (Spain – Venezuela), Mario Justo López (Argentina), Pedro José Frías (Argentina), Rolando Tamayo (Mexico), as well as the aforementioned professors Fix-Zamudio, Carpizo, and myself.

The close collaboration among the three institutions has created a vast space for shared professional and personal experiences that allow us to advance along innovative paths. We have built a solid multinational fraternity based on shared concerns and convictions: fundamental rights and democratic institutions as the essence of the constitutional state. Through this, we contribute to the comparative study of law and constitutional cultures, as well as the design of national public institutions. One of the most prolific inquiries has been initiated and encouraged by Professor von Bogdandy, focusing on the ius constitutionale commune, which helps identify the interaction between national and international law, with a special emphasis on fundamental rights.

To the commemorations and celebrations mentioned earlier, I should add that in 2024, we Mexicans will celebrate two hundred years since the first Constitution of independent Mexico, which, despite its confessional orientation and restrictive approach to liberties, introduced two significant systems: the federal and the presidential. Over the past two centuries, we have seen changes in terms of secularization, yet we continue to face shortcomings regarding the equality of rights due to poor federal design and a considerable lag in matters related to the presidential system In the search for general connotative traits of common constitutional law, as part of the reflection convened by my German colleague, I present below some considerations regarding political power from the perspective of constitutional theory.

In the context of constitutionalism, it is essential to preserve the greatest possible space for freedom, as the foundation for equality, legal certainty, truth, and justice. Contemporary constitutionalism has the tools to keep political power within reasonable bounds. To achieve this, the organization and exercise of power must apply the following precautions: legitimizing it, distributing it, balancing it, supervising it, limiting it, and controlling it.

Legitimacy: The forms of democratic legitimation are well established; however, they are not always designed with the necessary care. The electoral system must be constructed by considering all the effects of its content. For instance, it is sometimes believed that the source of legitimacy lies in the absolute majority of voters. Experience shows that this is a mistake, as, in exchange for achieving it, political parties become fragmented and voters are forced to choose secondary options with which they do not identify, only resorting to them to navigate a particular electoral moment. This undermines the nature of political parties, to the detriment of public trust.

Distribution: The separation of powers is a core element in the development of constitutionalism. Although its implementation was influenced by Montesquieu, it is worth noting that the merits of distributing power were valued as far back as antiquity. In Book VI of Politics, Aristotle provided an extensive analysis of the functions of public powers and the reasons as to why it is beneficial to keep them separate, assigning them to different magistracies. In this way, he argued, no one would hold all power, nor could a single person achieve all good or cause all harm. His perspective was rooted in the study of the institutions of his time, resulting in a high number of magistracies mentioned. It would be excessive to force an interpretation of Politics, as Patricio de Azcárate did in his unfaithful 1873 translation, attributing to the Greek philosopher concepts he did not write; yet, the idea of divided public power is still present in that work.

An organic and functional formulation was pioneered by Pomponius as early as the 2nd century. This jurist was known for his prolific work and an elegant, erudite style, influencing several centuries to come. The Digest reproduces several excerpts from his work De origine iuris, related to the formation of the Roman Republic. Following the fall of the monarchy, various institutions were successively established to ensure order and liberty. Pomponius noted that once the Law of the Twelve Tables was enacted, the norms known as plebiscita, formulated by the plebs, emerged. Then, to counterbalance an unstructured process of power exercised by popular bases, it was decided to grant the Senate legislative powers, from which the law known as senatus consultum, or Senate decrees, arose. This authority was distinct from that exercised by the magistrates who ruled on cases, and “[f]inally as it became necessary for the commonwealth that the public welfare should be attended to by one person, for the mode of enacting laws seemed to have progressed little by little as occasion demanded; and since the Senate could not properly direct the affairs of all the provinces, a supreme ruler was selected, and he was given authority, so that whatever he decided should be considered valid”[2] Here, a justification for the concentrated power of the emperor appears.

Later, he summarized the distribution of the functions of the State among legislators, judges, and rulers as follows: “[…] in our commonwealth everything depends either upon statute, that is upon legal enactment […] or there are the statutory actions which contain the method of procedure […] or there is the Imperial Constitution, that is, that whatever the Emperor himself formulates shall be observed as the law.”[3] Pomponius himself asked: “[H]ow much law could there be in a State unless there are persons who can administer it?”[4] The answer lays in the presence of the Emperor who, despite his predominance, did not invalidate the actions of other magistracies. The tension between distributing and concentrating power is an enduring historical pattern, and distribution of powers has become one of the cornerstones of modern and contemporary constitutionalism.

Balance: The concentration of power is an atavistic tendency. Hegemonic impulses are always present in any organization. Constitutionalism is the greatest political effort ever made to organize and operate power according to predictable, regulated, and reasonable guidelines. According to this purpose, political systems and experience show that merely distributing powers is not sufficient. Deliberate or unforeseen asymmetries disrupt institutional activity, making it essential to adopt balances among the bodies and functions assigned to them to the greatest extent possible, in order to avoid predominance or blockages within state structures that undermine the effectiveness of the power apparatus to the detriment of governance.

Classical theory offers numerous responses for achieving these balances, yet old questions persist, and new difficulties arise, making it necessary to update existing frameworks. Contractualism has advanced along new paths, but the public influence of ideas tends to diminish in the face of the immediacy of public responses. The balance among branches of power is limited by the contrast presented by judicial bodies, which have become the main public arena for knowledge, analysis, and reflection, as opposed to political bodies of governance and representation, dominated by improvisation, emotion, and short-term interests.

The quality of rulers is experiencing a period of decline, creating opportunities for the rise of demagoguery that undermines the normative provisions for institutional balance. This is a problem that transcends institutional design, as it is part of an anomic process. Typically, such circumstances are temporary and represent a normal phase among the vicissitudes of the constitutional state. While it may seem that achieving balance is difficult, the progressive nature of institutions moves in that direction.

Supervision: Power, by definition, has a hierarchical component, which is why distributing and exercising it requires overlapping levels within the same bodies and lateral structures belonging to other bodies. The idea of supervising power is easy to state, but not all actions of power are easily identifiable or individualized. Although it may seem like an oxymoron, what becomes public about public power is only a segment of an activity, most of which takes place in a shadowy area. It transcends what interests those in power or what they cannot prevent from coming to light. For this reason, the supervision of power requires mechanisms that enable access to at least part of its secrets. Documentary sources are the most significant, but testimonial sources also matter. Each system has its ways of making decisions and recording the decision-making process, and the rigor with which documentation is created and safeguarded varies as well.

For these reasons, beyond the public access to information available to everyone in open societies, at least a couple of measures must be adopted: granting investigative powers to parliamentary minorities so that they have the appropriate tools to investigate anything of institutional relevance and establishing the right to the truth, under which the heads of power bodies must document their decisions. This applies to judges, in their rulings, and to parliamentarians in their debates, but in cases where governments lack professional administrations detached from political struggle and where high officials are not accountable to parliaments, government reasoning is often treated as palace secrets.

In a constitutional state, it is possible to know the reasons and processes behind the decisions of power: those that translate into actions, those that become omissions, or those that remain as projects. All of this is significant for assessing the performance of power. The awareness of being subject to scrutiny makes power agents consider the impact of their decisions and anticipate that the temporality of their function complicates the permanence of their secrets and the intangibility of their actions. The confidentiality of information is determined by collective interests, as qualified by the State, and not by the individual interests of the people who pass through the organs of power.

Limitation. Beyond preventing the concentration of power and its cryptic exercise, the constitutional state entails other safeguards for its democratic form. The limitation of political power occurs through various means, most importantly a reasonable temporality in holding political office and minimizing discretion in decision-making.

The temporal limit is related to electoral terms, ensuring that even where re-election is permitted, citizens have the opportunity not to renew the mandate. The logic behind lifetime or long-term appointments characteristic of members of the courts of justice is explained by the fact that, in their case, temporality as a safeguard functions to guarantee independence, while rulers and representatives must undergo periodic evaluations by the governed and represented. Long terms of governance or the re-election of leaders lack democratic justification to the extent that such limits are imposed on the electorate.

In some systems, the idea of re-election or extended terms in office has been treated as a type of right for officeholders. This is an inadequate theoretical construct as it inertially adopts theories stemming from monarchism without recognizing that the counterpart to those hypothetical rights are the duties of the citizens. Evidently, this does not align with democratic reasoning based on popular sovereignty.

Control. There are many forms of control. From the perspective of those who exercise control in a constitutional state, it can be administrative, judicial, political, or social. Regarding the sphere where it is conducted, there are intra-organic and inter-organic control mechanisms. In terms of the interaction between power structures, control can be vertical, if the agents are on differentiated legal planes, or horizontal, if they relate laterally.

The theory of control is well developed, given that one of the basic tenets of modern constitutionalism was that power must control power. Moreover, this is a regular feature of the exercise of power, as absolute power cannot exist because it would ultimately destroy itself. The instances and procedures of control are a contribution of constitutionalism, but as an inherent phenomenon of power, there have always been resistances or conditions that, in some way, functioned as a system of powers and counter-powers. Even in its most archaic forms, the hegemony of tribal leaders had to align with at least some type of ritual and involve the assistance of a subordinate who held a minimal share of power.

For constitutionalism, what matters is that controls are designed according to an architecture that makes them functional, preventing excesses without inhibiting the actions of those being controlled. The aim is for public power to achieve the best possible outcomes and avoid its worst flaws, such as arbitrariness and corruption.

These six conditions – legitimacy, distribution, balance, supervision, limitation, and control – are the minimum that a well-constructed legal framework must include for political power to function in the most reasonable way possible. Such conditions are only achievable where the system of fundamental rights includes access to power through universal, secret, free, direct, and informed voting. Additionally, depending on the approach to constitutional design, other elements may be included. For instance, if the design is approached from the perspective of public reason, the values accepted and practiced by the citizens will be considered.[5] In summary, the specific content of these conditions must align with the intended objectives. For this reason, each design is different. It is possible, and common, for actors involved in normative design to not have clear objectives and act only mechanically or driven by situational impulses. Furthermore, when the legal framework is reformed in an unsystematic manner, institutional elements with differing or even opposing purposes are often combined, rendering the framework dysfunctional and hindering the reasonable performance of power structures.

For all these reasons, it is useful to delve into ius constitutionale commune as part of a shared academic exercise, as it allows for the identification of constants that yield good institutional results and the recognition of complications that arise from adopting mutually exclusive constructive criteria. Conceptual coherence must accompany any well-designed institutional framework.

***

Translation from the Spanish Original: Carolina Bejarano Martinez

[1] Photo: MPIL.

[2] Digest, I,2,11, translation (here and below) following: S.P. Scott, The Civil Law. The Twelve Tables, The Institutes of Gaius, The Rules of Ulpian, The Opinions of Paulus, The Enactments of Justinian, and The Constitutions of Leo: Translated from the original Latin, edited, and compared with all accessible systems of jurisprudence ancient and modern, Cincinnati: The Central Trust Company 1932.

[3] Digest, I,2,12.

[4] Digest, I,2,13.

[5] See: John Rawls, The Law of Peoples, with the “Idea of Public Reason Revisited”, Harvard University Press: Cambridge 2001, 131 ff.