Español
El propósito de este artículo conmemorativo es reconocer al MPIL por su enfoque ejemplar e innovador del derecho público en América Latina, en especial del derecho constitucional y el derecho de los derechos humanos. Tras referirme a la importancia (1.) y a las características más destacadas (2.) de este enfoque, formularé algunas reflexiones sobre los retos que hay que afrontar (3.).
1. La importancia de otorgar valor
Las experiencias constitucionales de América Latina fueron infravaloradas en los estudios comparados por varias razones. Subrayo dos, que aún se mantienen, si bien han perdido peso desde finales del siglo XX.
La primera, es la importancia de la contribución de los Estados Unidos al constitucionalismo mundial. Durante casi dos siglos, este país fue un polo de atracción ineludible para el estudio del Derecho constitucional, gracias a su Constitución pionera, la sabiduría de los Federalist Papers, las sentencias y el papel de la Corte Suprema de Justicia, y la profundidad de los escritos de los profesores universitarios estadounidenses. Su proyección como potencia mundial también ha otorgado un lugar preeminente al derecho constitucional estadounidense. Sin embargo, poco después de las guerras de independencia, el derecho constitucional cobró importancia en la región. Los Estados latinoamericanos son más antiguos que la mayoría de los europeos. Cada uno de ellos inició su independencia con una constitución. Aunque las primeras constituciones no duraron mucho, fueron sustituidas por otras a veces más estables. En la lista de las constituciones más duraderas del mundo figuran algunas de América Latina.
Manuel José Cepeda en el Coloquio Iboamericano N° 286 en Heidelberg en abril de 2023[1]
La segunda razón es que los conflictos armados y las guerras civiles del siglo XIX, y las dictaduras de la segunda mitad del siglo XX contribuyeron a eclipsar este fenómeno. Desde mediados de la década de 1980, la transición de la dictadura a la democracia en la mayoría de los países latinoamericanos impulsó una renovación del derecho constitucional. Esto se complementó con la aprobación de nuevas constituciones o profundas reformas constitucionales en los países más grandes de la región. En ellos se adoptaron declaraciones de derechos y se reforzaron los mecanismos para su garantía y protección. Algunos crearon tribunales constitucionales y limitaron el poder presidencial, buscando un nuevo equilibrio de poderes. Las sentencias de los jueces constitucionales resolvieron cuestiones de gran importancia en sus respectivos países e introdujeron doctrinas innovadoras. Al mismo tiempo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos adquirió una mayor proyección regional. Profirió sentencias sobre casos contenciosos que tenían una orientación fundamental para la consolidación y profundización de la democracia.
El MPIL no solo identificó la renovación del constitucionalismo en la región, sino que la abordó de una manera que merece ser elogiada. En primer lugar, dio valor en perspectiva comparada a lo que ocurría en cada país de la región y en la Corte Interamericana. Este no es un punto menor. Incluso latinoamericanos no habían dado a estos desarrollos el valor que merecen. Pocos lo hacen en su propio país, y aún menos lo hacen con otros países de la región. En segundo lugar, lejos de promover la aplicación de ideas o doctrinas europeas en América Latina, los proyectos del Instituto se han centrado en identificar y llamar la atención sobre las características y dinámicas distintivas del constitucionalismo en la región. Además, ha promovido un análisis comparativo que resulta útil para abordar temas emergentes en Europa. En tercer lugar, ha identificado tendencias comunes en el desarrollo del derecho constitucional, especialmente en relación con la protección de los derechos humanos y la consolidación de la democracia en la región. Esto lo ha hecho a través de dos nociones centrales: el ius commune en América Latina y el constitucionalismo transformador. Esto ha creado espacios para la deliberación y la investigación sobre la evolución del derecho público en América Latina y ha estimulado diálogos que, de otro modo, no habrían tenido tanto alcance e impacto en el derecho comparado. En cuarto lugar, este enfoque ha tenido la virtud de incorporar los problemas estructurales que aquejan a los países de la región. Por lo tanto, lejos de ser un proyecto aspiracional, ha actuado como polo de apoyo para analizar los retos que el derecho tiene que enfrentar debido a la complejidad de nuestras realidades, así como para exaltar las respuestas del derecho a nuestros problemas sistémicos. En Colombia, esta aproximación al papel de la Constitución y de la Corte Constitucional ha sido denominada “constitucionalismo responsivo” (responsive constitutionalism), concepto generosamente acogido por su director -vale la pena anotar que la generosidad intelectual es otra de las características que da brillo al trabajo del MPIL en la región.
2. El enfoque del MPIL y su contribución al constitucionalismo transformador
Por eso, cuando fui invitado por la American Association of International Law (ASIL) a ser el Discussant de la Grotius Lecture dictada por la profesora Kim Lane Scheppele en marzo de 2023, destaqué la contribución del MPIL al estudio de las funciones que el derecho internacional puede cumplir en la restauración de la democracia, precisamente, a partir de la experiencia de América Latina. Transcribo algunos párrafos de lo que subrayé entonces, antes de saber que sería invitado a escribir en ocasión del centenario del MPIL. Tomo la versión original que se publicó, debidamente editada, en las actas de la reunión anual de la ASIL y en el volumen 39 de la American University International Law Review:
“Como sé que los latinoamericanos tendemos a caer en la ingenua creencia de que la solución a un problema es adoptar una nueva norma jurídica, cito la opinión de Armin von Bogdandy, Director del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional, en Heidelberg, Alemania. Él ha desarrollado varios proyectos de investigación sobre el constitucionalismo transformador en América Latina, un fenómeno que comenzó varios años antes del conocido caso de Sudáfrica[2] pero que no había sido conceptualizado como tal en la región.[3]
“El 18 de julio de 1978 entró en vigor la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cuarenta años después, se ha convertido en la piedra angular del constitucionalismo transformador latinoamericano. A nivel mundial, la Convención es quizás el instrumento internacional más importante de esta naturaleza, lo que lleva a preguntarse cómo fue posible un desarrollo tan extraordinario.”[4]
Esto fue posible debido a una mezcla de factores muy diversos. Uno de ellos es que las intervenciones judiciales de la Corte Interamericana tienen características distintivas. En primer lugar, se toman muy en serio el contexto. Los hechos individuales del caso se consideran una expresión de ese contexto[5] . En segundo lugar, el contexto se analiza como reflejo de fallos sistémicos[6] . En tercer lugar, las reparaciones adoptadas por la Corte buscan un impacto más allá del caso concreto[7] y pueden requerir reformas legales y constitucionales[8] . En cuarto lugar, la Corte busca, en palabras de la profesora Scheppele, mantener la democracia restaurada y disuadir a cualquiera de sucumbir de nuevo a tentaciones autoritarias. Esta cuarta característica fue elocuentemente sintetizada en la expresión argentina “Nunca Más”, que fue el nombre del informe final de la comisión de la verdad presidida por el escritor Ernesto Sábato.[9]”
3. Tres retos
Manuel José Cepeda en el Coloquio Iboamericano N° 286 en Heidelberg en abril de 2023[10]
Este aniversario es una ocasión propicia para compartir tres breves reflexiones sobre los desafíos del constitucionalismo transformador y el ius commune en América Latina. Primero, el desafío derivado del fortalecimiento del rol de los jueces en la región. En efecto, en la medida en que el papel de la Corte Interamericana adquiere mayor relevancia e intensidad, se hace imprescindible encontrar puntos de equilibrio que aseguren la sostenibilidad del fructífero diálogo entre la jurisprudencia de la Corte regional y los jueces constitucionales nacionales de los países, que también se ha fortalecido en las últimas tres décadas, al punto de adquirir notoriedad en el derecho comparado mundial. Sería perjudicial para la profundización de la democracia en la región que se impusieran las perspectivas soberanistas, por un lado, o que se subestimara la diversidad de los sistemas constitucionales democráticos de la región, por el otro. En segundo lugar, los retos derivados de la polarización y los nuevos autoritarismos. Dado que los gobiernos de la región tienden a representar posiciones extremas en el espectro ideológico y que en algunos países emerge un autoritarismo no militarista, la necesidad de salvaguardar enérgicamente los principios democráticos fundamentales será tan grande como el imperativo de defenderlos de una forma que sea receptiva y sensible a los contextos de cada país. En tercer lugar, el desafío de la persistencia de la exclusión y la marginación. Aunque los países de la región han avanzado en la reducción de la pobreza y en la apertura del juego político, América Latina sigue afectada por altos niveles de exclusión y marginalidad. Durante las últimas tres décadas, se han adoptado gradualmente innovaciones jurídicas a nivel nacional e interamericano para promover la inclusión política, social y económica. Sin embargo, los problemas estructurales persisten. La solución probablemente esté en superar las graves disfunciones de los sistemas políticos, mejorar la calidad de las políticas públicas y ser más eficaces en la lucha contra la corrupción, pero el derecho también tiene una voz que debe encontrar la manera de expresarse con mayor impacto en la vida de millones de latinoamericanos. No me cabe duda de que el MPIL ha identificado estos y otros retos y estoy seguro de que seguirá contribuyendo significativamente a superarlos, con un enfoque ejemplar e innovador.
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[1] Foto: MPIL.
[2] Karl Klare, Legal Culture and Transformative Constitutionalism, South African Journal on Human Rights 14 (1998) .
[3] La Constitución colombiana de 1991 fue adoptada como un instrumento transformador y la Corte Constitucional fue creada con el mandato de asegurar que la Constitución “mordiera” y “generara cambios”, en contraste con la anterior Constitución de 1886 que mantenía a Colombia como una “sociedad bloqueada”. Al ser promovida por dos gobiernos con este propósito, la palabra política utilizada para transmitir el mensaje de la convulsión que se avecinaba fue “el revolcón”, menos glamurosa que constitucionalismo transformador. Para un balance de 30 años de transformaciones véase: Manuel José Cepeda Espinosa, La Constitución de 1991: Viviente y Transformadora, Bogotá: Ediciones Uniandes 2022; La Constitución brasileña de 1988 tenía elementos de constitucionalismo transformador. Antes, la Constitución mexicana de 1917, aún vigente, apuntaba a una transformación radical ya que fue adoptada en un momento revolucionario en Querétaro, véase: Rainer Grote, La Constitución Mexicana de 1917: An Early Example of Radical Transformative Constitutionalism, en: Armin von Bogdandy et al., Transformative Constitutionalism in Latin America: El Surgimiento de un Nuevo Ius Commune, Oxford: Oxford University Press 2017. Las recientes constituciones de Venezuela (1999) y Bolivia (2009), llamadas bolivarianas, apuntaban más a una convulsión revolucionaria que a un proceso transformador.
[4] Armin von Bogdandy, El mandato transformador del sistema interamericano de derechos humanos. Legalidad y legitimidad de un proceso jurisgenerativo extraordinario, Revista del Centro de Estudios Constitucionales 9 (2019), 113-142, MPIL Research Paper Series No. 2019-16.
[5] Jo M. Pasqualucci, La práctica y el procedimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cambridge: Cambridge University Press 2012.
[6] Victor Abramovich, De Las Violaciones Masivas a Los Patrones Estructurales: Nuevos Enfoques y Clásicas Tensiones En El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Revista Sur 6 11 (2009), 7-40.
[7] Por ejemplo, las órdenes destinadas a cambiar la forma en que los fiscales llevan a cabo las investigaciones (IACHR, Radilla-Pacheco c. Mexico, 2009, ser. C No. 209), la forma en que se forma a los agentes de policía (IACHR, Gonzalez (“Cotton Field”) c. Mexico, 2009, ser. C No. 205), o la forma en que los tribunales contratan y despiden a los jueces (IACHR, Apitz Barbera c. Venezuela, 2008, ser. C No. 182). En Cottonfield c. México, las órdenes incluían exigir al Estado que instruyera a los funcionarios sobre los derechos humanos de las mujeres; que creara una base de datos de ADN de las mujeres desaparecidas en Ciudad de Juárez; y que reestructurara la jurisdicción militar.
[8] El artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece: “Cuando el ejercicio de cualquiera de los derechos o libertades mencionados en el artículo 1 no esté ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro tipo, la Los Estados Partes se comprometen a adoptar, de conformidad con sus procesos constitucionales y las disposiciones del presente Convenio, las medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias para hacer efectivos dichos derechos o libertades”.
[9] Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), Informe “Nunca Más” [Informe final de la Comisión Sabato], 1984.
[10] Foto: MPIL.
English
The purpose of this commemorative article is to recognize the Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law (MPIL) for its innovative and exemplary approach to public law in Latin America, especially constitutional law and human rights law. After referring to the importance (1.) and the salient characteristics (2.) of this approach, I will formulate some reflections on the challenges to be faced (3.).
1. The Importance of Assigning Value
The constitutional experiences of Latin America have been undervalued in comparative studies for several reasons. I will underline two of them that are still present but have lost weight since the end of the 20th century.
The first reason is the significance of the contributions of the United States of America to world constitutionalism. The United States, for nearly two centuries, was an obligatory pole of attraction for the study of constitutional law, due to its pioneering Constitution, the wisdom of the Federalist Papers, the rulings and role of the Supreme Court of Justice, and the depth of the writings of US university professors. Its role as a world power also gave a preeminent place to American constitutional law. However, soon after the wars of independence, constitutional law gained importance in the region. Latin American states are older than most European states. Each one began its independence with a constitution. Although the first constitutions did not last long, they were replaced by other ones that were sometimes more stable. On the list of the most durable constitutions in the world are some from Latin America.
Manuel José Cepeda at the Iboamerican Colloquium N° 286 in Heidelberg in April 2023[1]
The second reason is that the armed conflicts and civil wars of the 19th century and the dictatorships of the second half of the 20th century contributed to overshadowing this phenomenon. The transition from dictatorship to democracy in most Latin American countries since the mid-1980s prompted a renewal of constitutional law. This was complemented by the approval of new constitutions or profound constitutional reforms in the largest countries in the region. Here, bills of rights were adopted and the mechanisms for their guarantee and protection were strengthened. Some states created constitutional courts and limited presidential power, seeking a new balance of powers. The rulings of constitutional judges resolved issues of great importance in their respective countries and introduced innovative doctrines. At the same time, the Inter-American Court of Human Rights acquired a greater regional relevance. It issued rulings on contentious cases that entailed an orientation pivotal for the consolidation and deepening of democracy.
The MPIL not only identified the renewal of constitutionalism in the region but approached it in a way that deserves to be praised. Firstly, it assigned value, in comparative perspective, to what was happening in each country in the region and at the Inter-American Court. This is not a minor point. Latin Americans themselves had not assigned the appropriate value to these developments. Few did that with regard to their own country, and even fewer in regard to other countries in the region. Secondly, far from promoting the application of European ideas or doctrines in Latin America, the Institute’s projects have focused on identifying and calling attention to the distinctive features and dynamics of constitutionalism in the region. Moreover, it has promoted a comparative analysis useful for addressing arising European issues. Thirdly, the MPIL has identified common trends in the development of constitutional law, especially regarding the protection of human rights and the consolidation of democracy in the region. This was done through two core notions: ius commune in Latin American and transformative constitutionalism. This has created spaces for deliberation and research on the evolution of public law in Latin America and has stimulated dialogues that otherwise would not have had as much scope and impact on comparative law. Fourthly, this approach has had the virtue of incorporating the structural problems that afflict the countries of the region. Therefore, far from being an aspirational project, it has acted as a corner stone for analysing the challenges that law has to address due to the complexity of our realities, as well as to exalt the law’s responses to our systemic problems. In Colombia, this approach to the role of the Constitution and the Constitutional Court has been called “responsive constitutionalism” (constitucionalismo responsivo), a concept generously embraced by the MPIL’s director – it is worth noting that intellectual generosity is another feature that distinguishes the Institute’s work in the region.
2. The MPIL Approach and its Contribution to Transformative Constitutionalism
For this reason, when I was invited by the American Association of International Law (ASIL) to act as the discussant of the Grotius Lecture delivered by Professor Kim Lane Scheppele in March 2023, I highlighted the contribution of the MPIL to the study of the functions that international law can fulfil in the restoration of democracy, based, precisely, on the experience of Latin America. I would like to quote some paragraphs of what I underscored then, before knowing that I would be invited to contribute on the occasion of the centenary of the MPIL; to be precise, the original version that was published, duly edited, in ASIL’s annual meeting proceedings and in Volume 39 of the American University International Law Review:
“As I know that we, Latin Americans, tend to fall into the naïve belief that the solution to a problem is to adopt a new legal rule, I quote the opinion of Armin von Bogdandy, Director of the Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law in Heidelberg, Germany. He has developed several research projects on transformative constitutionalism in Latin America, a phenomenon that started several years before the well-known case of South Africa[2] but had not been conceptualized as such in the region:[3]
“On 18 July 1978 the American Convention on Human Rights entered into force. Forty years later, it has become the cornerstone of Latin American transformative constitutionalism. Worldwide, the Convention is perhaps the most important international instrument of this nature, which begs the questions of how such an extraordinary development became possible.”[4]
It became possible due to a mix of very diverse factors. One of them is that the judicial interventions of the Inter-American Court have distinctive characteristics. First, they take context very seriously. The individual facts of the case are considered an expression of that context[5]. Second, the context is analysed as a reflection of systemic failures[6]. Third, the remedies adopted by the Court seek an impact beyond the specific case[7] and may require legal and constitutional reforms[8]. Fourth, the Court seeks, in the words of Professor Scheppele, to maintain restored democracy and discourage anyone from succumbing to authoritarian temptations again. This fourth characteristic was eloquently synthesized in the Argentine expression “Nunca Más”, which was the name of the final report of the truth commission chaired by the writer Ernesto Sábato.[9]”
3. Three Challenges
Manuel José Cepeda at the Iboamerican Colloquium N° 286 in Heidelberg in April 2023[10]
This anniversary is a propitious occasion to share three brief reflections on the challenges to transformative constitutionalism and ius commune in Latin America. Firstly, the challenge arising from strengthening the role of judges in the region: In effect, as the role of the Inter-American Court acquires greater relevance and intensity, it becomes essential to find points of balance that ensure the sustainability of the fruitful dialogue between the jurisprudence of the regional court and the national constitutional judges of the countries, who have also been strengthened in the last three decades, to the point of acquiring notoriety in comparative law worldwide. It would be detrimental to the deepening of democracy in the region if sovereign-prone perspectives took hold, on the one hand, or if the diversity of the region’s democratic constitutional systems was undervalued, on the other hand. Secondly, the challenges coming from polarization and new authoritarianisms: As the governments of the region tend to represent extreme positions on the ideological spectrum and non-militarist authoritarianism emerges in some countries, the need to vigorously uphold basic democratic principles will be as great as the imperative of defending them in a responsive way that is sensitive to the contexts in each country. Thirdly, the challenge of the persistence of exclusion and marginalisation: Although the countries of the region have made progress in reducing poverty and opening up the political game, Latin America continues to be affected by high levels of exclusion and marginalisation. During the past three decades, legal innovations have been gradually adopted at the national and inter-American levels to promote political, social, and economic inclusion. However, the structural problems remain. The solution likely lies in overcoming serious dysfunctions in political systems, improving the quality of public policies, and being more effective in confronting corruption, but the law also has a voice that must find a way to express itself with greater impact on the lives of millions of Latin Americans. I have no doubt that MPIL has identified these and other challenges and I am certain that it will continue to make significant contributions to overcome them, with an innovative and exemplary approach.
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[1] Photo: MPIL.
[2] Karl Klare, Legal Culture and Transformative Constitutionalism, South African Journal on Human Rights 14 (1998) .
[3] The Colombian Constitution of 1991 was adopted as a transformative instrument and the constitutional court was created with the mandate to ensure that the constitution did “bite” and “generate change”, in contrast to the previous 1886 Constitution which was keeping Colombia a “society in deadlock”. As it was promoted by two governments with this purpose, the political slogan used to transmit the message of the coming upheaval was “el revolcón”, less glamorous than transformative constitutionalism. For an account of 30 years of transformations, see: Manuel José Cepeda Espinosa, La Constitución de 1991: Viviente y Transformadora, Bogotá: Ediciones Uniandes 2022. The Brazilian Constitution of 1988 had elements of transformative constitutionalism. Before, the Mexican Constitution of 1917, still in force, aimed at radical transformation since it was adopted at a revolutionary moment at Querétaro, see: Rainer Grote, The Mexican Constitution of 1917: An Early Example of Radical Transformative Constitutionalism, in: Armin von Bogdandy et al., Transformative Constitutionalism in Latin America: The Emergence of a New Ius Commune, Oxford: Oxford University Press 2017. The recent constitutions of Venezuela (1999) and Bolivia (2009), called “Bolivarian”, aimed more at revolutionary upheaval than at a transformative process.
[4] Armin von Bogdandy, The transformative mandate of the inter-American system: Legality and Legitimacy of an Extraordinary Jurisgenerative Process, MPIL Research Paper Series No. 2019-16, Published as: El mandato transformador del sistema interamericano de derechos humanos. Legalidad y legitimidad de un proceso jurisgenerativo extraordinario, Revista del Centro de Estudios Constitucionales 9 (2019), 113-142.
[5] Jo M. Pasqualucci, The Practice and Procedure of the Inter-American Court of Human Rights, Cambridge: Cambridge University Press 2012.
[6] Victor Abramovich, De Las Violaciones Masivas a Los Patrones Estructurales: Nuevos Enfoques y Clásicas Tensiones En El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Revista Sur 6 11 (2009), 7–40.
[7] For example, orders aimed at changing the manner in which prosecutors conduct investigations (IACHR, Radilla-Pacheco v Mexico, 2009, ser. C No. 209), the way in which police officers are trained (IACHR, Gonzalez (“Cotton Field”) v Mexico, 2009, ser. C No. 205), or the way courts hire and fire judges (IACHR, Apitz Barbera v Venezuela, 2008, ser. C No. 182). In Cottonfield v Mexico, the orders included requiring the state to instruct officials regarding the human rights of women, to create a DNA database of the women who have disappeared in Ciudad de Juarez, and to restructure the military jurisdiction.
[8] Article 2 of the American Convention on Human Rights states: “Where the exercise of any of the rights or freedoms referred to in Article 1 is not already ensured by legislative or other provisions, the States Parties undertake to adopt, in accordance with their constitutional processes and the provisions of this Convention, such legislative or other measures as may be necessary to give effect to those rights or freedoms”.
[9] Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), Informe “Nunca Más” [Final Report of the Sabato Commission], 1984.
[10] Photo: MPIL.
Manuel José Cepeda Espinosa was President of the Constitutional Court of Colombia from 2005 to 2006.